La banca pagará el AJD de las nuevas hipotecas pero las encarecerá
El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto ley para que sean los bancos los que paguen el impuesto de las hipotecas a partir de ahora, tal y como anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Según ha confirmado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el Gobierno ha modificado el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, que regula este impuesto para dejar claro que será «el prestamista el encargado de pagar el AJD cuando se trate de préstamos con garantía hipotecaria». Este 9 de noviembre se ha publicado el real decreto en el BOE y entra en vigor un día más tarde (sábado 10 de noviembre), por lo que tiene plenos efectos en el mercado hipotecario a partir de entonces.
En concreto, se han modificado los artículos 29 y 45 de la ley que regula el AJD, que se aprobó hace 25 años. Además, se ha incluido una disposición por las que se revisa el artículo 15 de la Ley sobre el Impuesto de Sociedades para establecer que el gasto que supondrá el pago de este gravamen estará considerado como no deducible por parte del banco.
Esta iniciativa del Gobierno se produce después de que el Pleno de la Sala III del Tribunal Supremo haya decidido esta semana cambiar el criterio de una sentencia anterior y haya dictaminado que son los consumidores, y no los bancos, los encargados de asumir el coste del impuesto de las hipotecas. Una opinión contraria a la que la Sala III del Alto Tribunal expresó hace apenas tres semanas, cuando falló a favor de los clientes. Así, la urgencia de esta modificación se justifica «por la confusión generada en la sociedad tras estas sentencias», según la titular de Hacienda.
El Gobierno ha descartado la posibilidad de eliminar este impuesto (que no se aplica en países como Alemania o Reino Unido, y que es más bajo en otros como Francia o Italia), porque supone unos 2.000 millones de euros de ingresos para las autonomías, con los que se financian la sanidad, la edudación o la dependencia. Dependiendo de las regiones, el AJD supone entre un 0.5% y un 1,5% de la responsabilidad hipotecaria, que supone entre 1,4 y 1,5 veces la cuantía del préstamo.
La seguridad jurídica, imprescindible
Los expertos sostienen que los acontecimientos que hemos vivido en las últimas semanas sobre el AJD son un ejemplo de lo que no debe hacer un país, al suponer un síntoma claro de inseguridad jurídica.
Para Fernando Encinar, jefe de estudios de idealista, “cualquier medida encaminada a aumentar la seguridad jurídica es una buena noticia para el sector inmobiliario y en este caso, en el que la ley resultaba confusa, resulta muy positivo que se aclaren las normas del juego”.
No obstante, el mercado da por hecho que, de una forma u otra, el cliente acabará pagando el impuesto ya sea de forma directa o indirecta. Encinar habla de unas «subidas en los diferenciales muy probables, a lo que habría que sumar un sobrecoste que aplicará la banca por la gestión del mismo. En este sentido, y al ser un impuesto transferido a las comunidades autónomas y cuya aplicación no es homogénea, provocará que los ciudadanos tengan diferentes condiciones hipotecarias en función de la comunidad en la que residan, ya que el importe que deberá pagar la banca será distinto en cada caso”.
Algo similar sostiene la promotora Neinor Homes, que cree que «lo más probable es que se trate de una medida inocua que afecte en último término al ciudadano, pues en un sistema hipotecario tan competitivo como el actual, el mercado no puede asumir ese coste, al menos en estos momentos, por lo que acabará recayendo en el cliente igualmente, ya sea a modo de impuesto, de endurecimiento de las condiciones o de diferencial».
En este sentido, la ministra de Hacienda ha insistido que el Gobierno velará para que no el coste no repercuta en los clientes financieros y que creará una autoridad para defenderlos, aunque espera que la fuerte competencia que existe entre los bancos en materia hipotecaria acabe regulando el mercado. “Actuamos desde la responsabilidad para devolver la certidumbre al mercado hipotecario y garantizar los derechos de los ciudadanos”, ha recalcado Montero.
Solo para futuras hipotecas
Como recuerdan desde el portal reclamador.es, este real decreto ley solo se aplicará a partir de ahora, ya que no tiene efectos retroactivos. Por eso, quienes ya hayan firmado un préstamo con garantía hipotecaria no podrán reclamar la restitución de las cantidades pagadas en concepto de este gravamen.
Al igual que el sector inmobiliario, la compañía valora la medida de forma positiva, aunque recalca que «sigue dejando desamparados a millones de hipotecados».Según sus cálculos hay ocho millones de hipotecas que no tienen opción a reclamar, al menos de momento.
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