El nuevo valor de referencia dispara un 17% los impuestos que se pagan al comprar una casa usada
La Federación de Asociaciones Inmobiliarias carga contra Hacienda y afirma que la tributación se aplica sobre un valor superior al de mercado.
El año llegaba con una subida encubierta de los impuestos sobre la vivienda en España.
Desde el pasado 1 de enero, el nuevo valor de referencia de Catastro es la base imponible de impuestos tan importantes como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), Actos Jurídicos Documentados (AJD) o el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISyD). Es decir, es la clave para determinar cuántos tributos hay que pagar por la compra, la herencia o la donación de una vivienda usada.
El Gobierno incluyó este cambio en la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude, aprobada el pasado verano, y en sus primeros meses de funcionamiento está teniendo un impacto negativo: un aumento de las liquidaciones que deben asumir los compradores de viviendas usadas.
Según un estudio realizado por la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), basado en una encuesta a más de 400 agencias inmobiliarias en España, el nuevo valor de referencia incrementa en un 17,1% de media nacional la tributación de las compraventas de segunda mano por encima de su valor real de mercado.
El documento afirma que «un 76,11% de las agencias inmobiliarias encuestadas han intervenido en compraventas cuyo valor de referencia de mercado del catastro ha sido superior al valor de transmisión real en escrituras y que el incremento se ha dado en un 19% de éstas». Es decir, que este sobrecoste se está produciendo en una de cada cinco compraventas.
Con estas cifras sobre la mesa, la Federación Nacional de Asociaciones inmobiliarias carga contra Hacienda y afirma que «este nuevo sistema supone una injusta y nueva carga fiscal y un desembolso económico más para el comprador, lo que desincentivará o puede llegar a frenar una parte de las compraventas, sobre todo entre las personas que quieren adquirir su primera vivienda habitual y en un contexto económico actual complejo marcado por una inflación en máximos históricos».
Para el organismo, este ‘catastrazo’ «no se ajusta a parámetros reales de mercado, ya que no considera el estado de reforma o la distribución interior de las viviendas, entre otros factores». E insiste en que «el hecho que Hacienda haya traspasado al contribuyente la carga de la prueba para demostrar el valor del bien adquirido, cuando no está de acuerdo, podría interpretarse como poner en duda la veracidad de la fe pública notarial en las compraventas de mercado, que son la mayoría, y, en consecuencia, podría ser considerado como una práctica confiscatoria y anticonstitucional, como ya han alertado algunos expertos».
Conviene recordar que, hasta la entrada en vigor de la normativa, era el fisco el encargado de impugnar si pensaba que el valor de escritura no se correspondía con el valor real de un inmueble, mientras que ahora serán los contribuyentes los que deberán demostrar lo contrario, por lo que recae en ellos la carga de la prueba.
Por eso, la FAI considera necesario que «se revise el nuevo sistema de cálculo del valor catastral para ajustarlo más a la realidad del mercado y que no prevalezca por encima del valor de transmisión en las escrituras de compraventa». Y pide que el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) «debería quedar exento en el caso de una primera vivienda habitual no de lujo para favorecer la emancipación y el acceso a una vivienda en propiedad».
Datos por CCAA
Más allá de la media nacional, el estudio de la federación incluye datos sobre el porcentaje de inmobiliarias que han intermediado en compraventas de inmuebles de segunda mano cuyo valor de referencia de mercado del catastro ha sido superior al valor de transmisión real en escrituras.
En el conjunto de España, el 76% de las agencias encuestadas afirman haber constatado una tributación superior al valor de las escrituras, aunque en varias autonomías el porcentaje supera el 80%, como en Aragón, Asturias, Comunidad Valenciana y La Rioja, aunque son Murcia, con casi un 93%; y Castilla-La Mancha, con un 100% las que registran los números más altos del país. Por debajo del 70% solo se encuentran Baleares, Madrid y Galicia, así como Navarra y el País Vasco, donde este valor de referencia de Catastro no se aplica.
En lo que se refiere a cuántos impuestos se pagan de más, el estudio afirma que en Canarias y en Galicia el sobrecoste tributario supera el 20%, mientras que en Cataluña y Comunidad Valenciana está por encima del promedio nacional (17,1%), al igual que en Aragón y La Rioja. En todas las regiones el aumento de la tributación alcanza los dos dígitos (a excepción de los territorios forales), siendo Extremadura y Baleares las autonomías con el menor sobrecoste (por encima del 11% en ambos casos).
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