El Congreso quiere limitar la responsabilidad del deudor hipotecado en una primera vivienda
El Congreso apuesta por reformar la ley hipotecaria con el fin de garantizar que, “como norma general y obligatoria”, se garantice limitar la responsabilidad patrimonial del deudor en el importe de los bienes hipotecados a la hora de adquirir una primera vivienda o vivienda familiar.
Esta es una de las conclusiones aprobadas por la comisión que ha investigado la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro, que pide hacer cambios en la normativa hipotecaria.
Textualmente, el Congreso aboga por reformar la ley para “garantizar en favor de los consumidores que en todos los contratos hipotecarios para la adquisición de una primera vivienda y/o vivienda familiar con las entidades financieras se establezca como norma general y obligatoria la garantía de responsabilidad patrimonial limitada al importe de los bienes hipotecados“.
En sus conclusiones, la comisión incluye varias recomendaciones dirigidas a modificar la normativa hipotecaria, especialmente en el apartado de protección de consumidores. La propia presidenta, la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, señaló que el dictamen de este grupo de trabajo incluiría recomendaciones de cara a la tramitación del proyecto de ley de crédito inmobiliario, que este martes encara el que previsiblemente será su último día de ponencia.
De hecho, Oramas comentó que la coincidencia de muchos de los miembros de la comisión con la ponencia que ultima el redactado de la ley facilitaría la inclusión de estos cambios. Sin embargo, los grupos han rechazado hasta el momento la posibilidad de limitar expresamente la responsabilidad del deudor hipotecario, descartando fórmulas como la dación en pago.
Prever el impacto en el crédito disponible
Otra de las menciones a la futura normativa hipotecaria pasa por establecer “condiciones armonizadas en los préstamos” y “un mayor nivel de transparencia y de protección al prestatario”, así como “potenciar la seguridad jurídica y comprensión de los contratos y de las cláusulas que la componen”.
Por otro lado, la comisión también recomienda tener en cuenta el impacto de toda modificación en la normativa hipotecaria en el sector financiero. Más concretamente, “sobre el volumen de crédito disponible en el sistema”.
“Es evidente que la implantación de medidas de protección de los consumidores será siempre positiva y debe apostarse por ellas, pero es evidente también que un exceso de celo en las medidas que se adopten puede provocar un efecto negativo de contracción del crédito“, argumenta esta propuesta aprobada por la comisión, que advierte de la posibilidad de “lastrar” el crecimiento y “dificultar el acceso a dicho crédito”.
Controlar la subida de alquileres y la Sareb
Asimismo, la comisión también ha aprobado propuestas dirigidas a orientar la política de vivienda, llegando a pedir una reforma de la Ley de arrendamientos urbanos para establecer mecanismos de control del precio de alquiler, aumentar la duración de los contratos y “poner freno a los incrementos abusivos de los precios de los alquileres”.
También pide incrementar el parque público de viviendas en alquiler, establecer procesos de cesión de viviendas vacías provenientes de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y las entidades bancarias y una auditoría completa de las operaciones y cuentas, pasadas y presentes, del llamado ‘banco malo’.
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